21-03-2023 | 13:51

La intervención administrativa por 180 días de la distribuidora Edesur

fue una decisión tomada luego de una serie de reclamos de usuarios, autoridades municipales y organismos de defensa del consumidor por las continuas deficiencias en la prestación del servicio en el área de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en una historia que va más allá tanto del siglo XXI como de sus actuales accionistas.

La concesión de Edesur se aprobó en 1992, pero a poco de andar este proceso de 95 años comenzaron los problemas tras un apagón de 11 días en el verano de 1999, que obligó a la controladora chilena Chilectra a desprenderse de sus acciones en favor de la española Endesa, que diez años después hizo lo propio con la italiana Enel.

La caída del régimen de convertibilidad en enero de 2002 vino de la mano de un proceso de renegociación de contratos de diferentes empresas de servicios públicos, que tenían sus tarifas dolarizadas, lo que a su vez dio inicio al establecimiento de un régimen de subsidios que se mantiene en la actualidad.

Las deficiencias en el servicio de la compañía dieron lugar a continuos reclamos, que comenzaron a hacerse más insistentes a partir de la audiencia pública para adecuación de tarifas del 17 de febrero de 2022, oportunidad en la que tanto el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reclamaron el quite de la concesión.

En medio de esos reclamos y del inicio de la segmentación tarifaria, el 23 de noviembre Enel confirmó su decisión de vender su participación en la compañía, en el marco de un plan de desinversión a nivel mundial.

El 2023 comenzó con un nuevo apagón en el área de cobertura de Edesur, atribuido a una "falla en alta tensión" originada en la caída de "un globo de pirotecnia" en una de las subestaciones de la compañía.

En una de sus primeras apariciones públicas al frente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el interventor Walter Martello, advirtió ese mismo 1° de enero sobre las penalizaciones a la empresa tras haber dejado a "miles de usuarios sin luz" en los festejos de Año Nuevo.

Los cortes de suministro se hicieron cada vez más frecuentes y extensos a medida que avanzaba el año y el 12 de febrero Martello señaló que en el Gobierno se analizaba la posibilidad de resolver la caducidad de la concesión.

Tres días después, se decidió aplicar una multa de $ 1.000 millones y en el Ministerio de Economía deslizaban la alternativa de decretar "una intervención de gestión sin afectación de capital", en medio de reclamos del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y un conjunto de intendentes para que los propios municipios pasasen a hacerse cargo de la operación del servicio.

El 27 de febrero se dio inicio a una auditoría técnica de Edesur por parte del ENRE, en el marco de un conjunto de sanciones "por las afectaciones en el servicio eléctrico durante febrero", según se indicó en la resolución 236/2023.

Con posterioridad al apagón del 1° de marzo que afectó a varias zonas del país,

las demoras en el restablecimiento del servicio en el área de Edesur dieron lugar a diferentes protestas de vecinos,

con cortes de calles en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.

Fue con ese panorama que el 14 de marzo el ENRE comunicó que en un plazo de 90 días enviaría al Congreso un informe de análisis y evaluación de la prestación del servicio por parte de Edesur, y dos días después el organismo presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa por la presunta comisión de los delitos de defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados y entorpecimiento de los servicios públicos.

Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche la "intervención por 180 días" de la distribuidora "a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y de la mejora en el servicio" y designó al frente de esa tarea al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Etiquetas:

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Fuente: telam