El Parlamento de Yemen reconocido internacionalmente aprobó este lunes la declaración de "movilización general" solicitada por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, para responder a la ofensiva de los hutíes y reforzar las capacidades del Gobierno en las zonas bajo su control. La resolución fue adoptada durante una sesión virtual encabezada por el presidente de la Cámara, Sultan al Barakani, y comenzó a regir inmediatamente.

La decisión se sustenta en el artículo 37 de la Constitución y en otras normas vinculadas con la defensa nacional, las reservas militares y la protección civil. El Parlamento estableció que la medida continuará vigente hasta que desaparezcan las circunstancias que llevaron a su aprobación. También pidió a las distintas fuerzas políticas dejar de lado sus disputas y coordinarse frente a la ofensiva hutí.

El mandatario explicó que se trata de una "movilización nacional integral", que contempla el empleo coordinado de recursos humanos, materiales y de otro tipo para respaldar al Estado y sus fuerzas armadas. También llamó a los jóvenes de las zonas bajo dominio hutí a incorporarse al Ejército mediante los canales oficiales.

La resolución parlamentaria llega después de una escalada de los combates en distintos puntos del país. Durante septiembre, los hutíes avanzaron por sectores de la costa occidental y se aproximaron al estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima estratégica que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Naciones Unidas advirtió a mediados de septiembre que los enfrentamientos se habían intensificado en la costa occidental y que los rebeldes habían avanzado hacia esa zona.

La ofensiva también provocó nuevos enfrentamientos en provincias como Taiz y Marib. Al Alimi había fijado como objetivo recuperar la autoridad estatal sobre todo el territorio, incluida Saná, la capital que los hutíes tomaron en 2014.

"Nuestro objetivo es restaurar las instituciones del Estado y ejercer su soberanía en todo el territorio del país, incluida Saná", afirmó.

La movilización incluye además un mecanismo destinado a debilitar las filas insurgentes. Al Alimi ofreció una amnistía a quienes abandonen a los hutíes y dejen de combatir o colaborar con el grupo. La propuesta contempla también regularizar la situación de militares y miembros de las fuerzas de seguridad que cambiaron de bando, preservando los derechos laborales adquiridos legalmente.

La aprobación parlamentaria se produjo mientras las fuerzas gubernamentales intensificaron sus operaciones. El Ejército informó que realizó 756 acciones militares durante las 72 horas previas contra posiciones, efectivos y equipamiento hutí en varios frentes. Según su propio balance, las operaciones dejaron 2.316 combatientes hutíes muertos o heridos y destruyeron o inutilizaron vehículos, lanzadores de misiles, depósitos de armas y otros equipos.

El portavoz militar Majid al Nuzaili afirmó además que cuatro expertos iraníes especializados en drones y misiles murieron en la provincia de Taiz. La afirmación fue presentada por las fuerzas gubernamentales como evidencia de asistencia militar iraní a los hutíes, aunque Teherán y los rebeldes han rechazado anteriormente acusaciones sobre la dimensión de su cooperación militar.

Los hutíes, por su parte, denunciaron nuevos ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudita contra posiciones en varias provincias y sostuvieron que las operaciones de las fuerzas gubernamentales han provocado víctimas civiles y daños a infraestructura.

La guerra yemení se agravó en 2014, cuando los hutíes y fuerzas aliadas tomaron Saná y posteriormente ampliaron su control sobre amplias zonas del país. En marzo de 2015, una coalición encabezada por Arabia Saudita intervino militarmente a pedido del entonces Gobierno yemení. Desde entonces, el conflicto ha mantenido dividido al país y ha generado una prolongada emergencia humanitaria.

El Parlamento, al aprobar la movilización, también reafirmó su respaldo a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita y vinculó la respuesta militar con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Yemen. La resolución permanecerá vigente mientras continúen las condiciones que las autoridades consideran motivo para mantenerla.